Investigación a contracorriente

Luis A. Gómez
Julio 20, 2007

El fiscal está convencido de que su principal objetivo, el ex presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, tenía una estrategia para garantizarse la impunidad. De acuerdo con el Dr. Milton Mendoza, unas semanas después del levantamiento popular en febero de 2003, en contra de un impuesto al salario, comenzó a dibujarla desde palacio: hizo aprobar una nueva ley para juicios de responsabilidades, es decir, para procesar a altos funcionarios estatales, compuesta de cinco artículos parcos y ambiguos que impiden definir los procedimientos legales a seguir.

Cuando en 2005 quedó a cargo del caso, Mendoza descubrió que en realidad los archivos no fueron cuidados y las formas no se respetaron. De hecho tuvo que trabajar al menos dos meses poniendo orden y literalmente peleando junto con sus colegas para desarmar las varias trampas que les pusieron para anular el posible efecto de la justicia sobre el masacrador y sus cómplices.

Ejemplos le sobran.

Fiscales y militares

Según la ley, este tipo de casos los lleva adelante, como titular de la acción penal, el Fiscal General de la República. Independientemente, como es el caso, que haya un grupo de fiscales de recursos realizando la investigación y dando sustento al caso. Durante el tiempo que lleva este proceso en marcha, tres hombres ejercieron dicho cargo. Los tres, por diversos motivos, entorpecieron el proceso que se le sigue al expresidente. Uno de ellos llegó al extremo de acusar al infame Goni de ¡agresión sexual!

El primero en la lista, de nombre Oscar Crespo Soliz y nombrado en el cargo por Sánchez de Lozada tiempo atrás, fue cínico. Al requerir la necesaria autorización del Congreso Nacional para iniciar el juicio, en un documento emitido el 21 de noviembre de 2003, Crespo Soliz definió al proceso como un “juicio político”. Pretendiendo, nos explica Milton Mendoza, “invalidar un tanto la posibilidad de una extradición posterior. Porque, sabemos muy bien, por delitos políticos no procede nunca una extradición”.

Investigaciones y negligencias fueron y vinieron durante casi año y medio, hasta que Mendoza y sus colaboradores tomaron las riendas del asunto, también para batallar con otras instituciones, como la Corte Suprema de Justicia: para que los procedimientos y la jurisprudencia necesarios se gestaran y el juicio siguiera su curso.

El 17 de junio de 2005, por fin, Mendoza pudo imputar a nueve de los miembros del último gabinete del Goni. Por supuesto, el señor de las masacres sigue escondido en un rincón de los Estados Unidos y no pudo ser alcanzado en esa ocasión. “Y fue por varios delitos. Ya no solamente el de genocidio, que era el que había dado pie a la congresal”, aclara Mendoza.

Varios de los ex ministros eran en ese momento miembros del Senado. De todos modos, se les dictaron medidas que restringen la posible fuga o, en algún caso, se les mantiene resguardo judicial sobre sus bienes. Imaginen la vergüenza…

Pero, al menos en un principio, la pulseta más fuerte la tuvo Mendoza con los militares: sometió a los uniformados al bochorno de ser enjuiciados por los civiles en un proceso ordinario. Además, las Fuerzas Armadas se resistieron a mostrar lo que guardan en sus archivos. “Durante años se ha mantenido el secreto militar, y varios de los hechos en la historia Bolivia han quedad impunes”, señala el fiscal.

Luego de un año de estira y afloja con los militares. Milton Mendoza y su equipo consiguieron imputar a cinco generales implicados en los hechos de septiembre y octubre de 2003. Dos fueron comandantes en jefe de las fuerzas armadas, los generales Roberto Claros y Gonzalo Rocabado, el resto eran los comandantes de fuerza de entonces: Luis Aranda Granados (Fuerza Aérea), Osvaldo Quiroga Mendoza (Fuerza Naval) y Juan Véliz Herrera (Ejército).

Todos ellos, dice el fiscal, no solamente recibieron órdenes de civiles, sino que al acatarlas provocaron las muertes y los daños a cientos de personas en El Alto y otros lugares…

Amenazas, llantas y un capitán muerto

En la historia, los últimos imputados fueron Goni, Carlos Sánchez Berzaín (su ministro de defensa) y Jorge Berindoague (ministro de salud y vocero de los últimos días del gobierno mascrador). Los tres huyeron a Estados Unidos el 17 de octubre de 2003 y no era posible procesarlos: conociendo del juicio en su contra, no se dejaban ubicar para no someterse al proceso. Mendoza consiguió demostrar esa mala fe, por lo que la Corte Suprema se vio obligada a declararlos en rebeldía y emitir entonces las órdenes de aprehensión en contra de estos tres personajes.

Es decir, Milton Mendoza y su gente han logrado involucrar con su trabajo a un expresidente cuya fortuna personal, por lo menos, está por encima de los 220 millones de dólares. También a sus colaboradores, entre los que se encuentra el llamado “Zorro” Sánchez Berzaín, torturador y aleccionado agente de inteligencia que fungió durante años como mano derecha de Sánchez de Lozada. Y, por vez primera en dos décadas, a cinco generalotes… ¿es peligroso hacer esto, fiscal?

Pues sí. “Hemos tenido que enfrentar hace muy poco, después del allanamiento a la casa de Sánchez de Lozada, varios graffittis pintados en diversos tramos de la autopista La Paz-El Alto, en los que se aludía mi nombre y cargo, además de improperios, diciendo que debía morir: ‘Muerte al fiscal Milton Mendoza’. Ya no es una persona que manda un mensaje, sino gente pagada que repite un mensaje”. Lo mismo pasó con la fiscal Mirna Arancibia, que trabaja con Mendoza en el caso.

También han cortado las cuatro llantas del auto del fiscal a navajazos en más de una ocasión. Pero quien más pagó por estar tocando intereses tan poderosos fue un capitán de policía, el investigador de campo de la fiscalía. Aldo Herrera, con quien además Mendoza tenía amistad, falleció el domingo 17 de junio pasado en un oscuro accidente de tránsito en la ciudad de El Alto. Y fue oscuro el incidente porque, este periodista pudo averiguar, luego del siniestro “se perdieron” la computadora personal del capitán Herrera y materiales que portaba para su trabajo de pesquisa.

Unos días después, el lunes 25 de junio, Milton Mendoza renunció a ser el vocero de la Fiscalía General de la República en el caso que se le sigue a Sánchez de Lozada y a sus colaboradores. La falta de garantías y el escaso apoyo por parte del actual fiscal general, Mario Uribe, motivaron esta acción. Aunque ya no hará declaraciones públicas respecto al proceso, Mendoza sigue a cargo de toda la investigación…

¿Qué sigue?

Sigue el juicio su curso. Salvando más obstáculos que los que este reportaje ha contado, pero sigue su curso. Milton Mendoza está en este momento trabajando en los pasos finales de su investigación y tomando las últimas declaraciones, como declaró Mario Uribe hace unos cuantos días. Habrá algún implicado menor que cuestionar, algunas formalidades extra, pero todo indica que entramos a la recta final de este difícil proceso.

Mendoza sabe que está por llegar un tiempo aún más difícil. UB ha podido conocer que hace pocas semanas, haciendo una de las pocas cosas efectivas en su trabajo, el fiscal general Mario Uribe instruyó a Mendoza y a Arancibia, como fiscales de recursos, ir preparando dos documentos clave: el proyecto de extradición de Goni y sus dos compinches, que al igual que él se esconden en Estados Unidos, y la elaboración del proyecto de Requerimiento Conclusivo, es decir, la acusación formal contra los masacradores de la llamada “Guerra del Gas”.

A partir de la acusación, vendrá una etapa oral con sesiones, en las que, como en las películas, Milton Mendoza se verá obligado a probar que Gonzalo Sánchez de Lozada es un genocida que fue secundado en 2003 por varios personajes del mundo político y de las fuerzas armadas. El pronóstico al respecto es difícil. Pero a casi cuatro años de las masacres que terminaron con 67 vidas y maltrataron cientos de personas, luego de entevistarlo por más de una hora, este corresponsal puede decir sin dudas que el fiscal de la gente habrá de dejarse la piel para lograr su objetivo: justicia.