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Cochabamba, 22 feb (ABI).- La Central Obrera Departamental (COD), la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSTCC), asambleístas, juristas y otras organizaciones sociales advirtieron hoy que defenderán la nueva Constitución Política del Estado y rechazaron el Estatuto Autonómico de Santa Cruz que, aseguraron, buscan dividir al país.
En un pronunciamiento público rechazan las intenciones de fragmentar el país "por parte de grupos reducidos" y denunciaron que los prefectos de la denominada "media luna" buscan convertir el diálogo en una plataforma del chantaje al Gobierno.
El documento en partes salientes señala: "¡Basta ya! Es necesario denunciar la actitud de los prefectos opositores y su Conalde, que pretenden convertir la mesa de diálogo en una plataforma para el chantaje y el ultimátum".
El Colectivo Urbano "La Cueca" considera que la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) supone un avance cualitativo en el reconocimiento de derechos de sectores excluidos (indígenas, mujeres, grupos generacionales) y sienta las bases para la transformación del país en base a principios de equidad, justicia, inclusión y soberanía.
Para estas organizaciones e instituciones, es una Constitución que tiene plena legitimidad desde el momento en que fue redactada por representantes elegidos por toda la población con ese preciso fin, y consideró las propuestas emanadas de los sectores, e incluso recibió el reconocimiento de otros gobiernos y organismos internacionales.
La nueva Constitución recoge plenamente el mandato vinculante del Referéndum de agosto de 2006, puesto que reconoce las autonomías departamentales, incluyendo su facultad legislativa (Art. 273, 278, 280, 306).
Por el contrario, afirman, el estatuto autonómico de Santa Cruz carece de legitimidad, porque fue elaborado por una junta autonómica que no fue elegida por voto popular ni tiene respaldo legal desde el punto inconstitucional.
Además es incompatible con el nuevo texto constitucional y con el más elemental sentido democrático y de unidad del país. Con este fin, el Colectivo Urbano enumero sólo sus puntos más inaceptables del estatuto autonómico:
"Se sitúa a sí mismo por encima de la Constitución Política del Estado (Art. 1)".
"Se arroga definiciones de política internacional (Art. 3, Inc. II y III)".
"Reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento (en contra de las declaraciones de la OIT y de la ONU), y los considera objetos más que sujetos, negando toda posibilidad de autonomías indígenas (Art. 2, Inc. II)".
"Le atribuye al gobierno departamental competencias exclusivas respecto del régimen electoral, de la administración de justicia (otorgándole supremacía a la Corte de Distrito), de la educación en todos los niveles, de los regímenes laboral, de tierras, aguas, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles, ordenamiento territorial (Art. 6, inc. I)".
"Pretende que las disposiciones del gobierno departamental tengan preferencia respecto de las nacionales (que pasarían a ser subsidiarias o supletorias) (Art. 6 Inc. II) incluyendo la potestad tributaria. (Art. 135, 136 y 137)".
"Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, obligando a la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la asamblea departamental (Art. 36 y 34)".
Para el Colectivo Urbano de Cochabamba, el referéndum autonómico anunciado por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, para el 4 de mayo es también inconstitucional.
Asegura que la Constitución vigente no reconoce ningún régimen autonómico, y la reforma total de esa Constitución es potestad privativa de la Asamblea Constituyente (CPE Art. 232), y la reforma parcial es potestad del Congreso Nacional (Art. 231).
Expresa también que tampoco tiene el respaldo legal de la Ley de Referéndum, ya que ésta establece que mientras no haya un gobierno departamental electo por voto popular, prefecto no es lo mismo que gobierno departamental, el referéndum departamental deberá ser convocado por el Congreso Nacional (Art. 6 Inc. 2).
En el tema de la capitalía plena, que reclama la oligarquía de Sucre, señala que todos saben que no es un tema constitucional, ni tiene nada que ver con los problemas estructurales que aquejan al país.
Por tanto rechazan cualquier ultimátum, cualquier amenaza de violencia o de fragmentación del país, cualquier actitud racista y discriminatoria.
Por el contrario apoyan la resolución democrática de las discrepancias por la vía del respeto a la mayoría, en este caso por la vía del referéndum dirimitorio sobre el número de hectáreas de tierras para ser considerado latifundio; y del referéndum constituyente que aprobará o rechazará la nueva Carta Magna.
Dea/Dgav ABI
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