Hace tiempo ya que operan en el país fuerzas civiles armadas de carácter irregular financiadas por terratenientes que han causado más de un conflicto con muertos de por medio. Acusaron a la Unión Juvenil Cruc
eñista de organizar brigadas con estudiantes de secundaria. En respuesta, el gobierno conforma una fuerza combinada de militares y policías con la misión de proteger la propiedad de la tierra legal y de repeler a los grupos irregulares.En el área rural de Bolivia se organizan grupos particulares de carácter violento como lo demuestra el enfrentamiento por tierras en San Julián, Santa Cruz. Estos grupos son articulados por propietarios o supuestos dueños de tierras con la finalidad de hacer justicia por mano propia, dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.
“Ya es una especie de germen de sicariato, que el gobierno, de manera muy responsable, no va a permitir, no admitirá el surgimiento de grupos que ejerzan violencia y que sean organizados por supuestos propietarios de tierras, eso es una figura absolutamente ilegal”, declaró Rada según la agencia ABI.
La unidad especial a conformarse no es ninguna novedad, pues funcionará con las mismas bases con las que operan la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico o el Crimen, el Control Operativo Aduanero (COA) y la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPACOM). Su función será dar seguridad jurídica a las propiedades legalmente adquiridas y con función productiva, y pacificar los conflictos que seguramente continuarán estallando en el futuro.
La unidad se iniciará con base en la Policía, pero eventualmente integrará miembros de las Fuerzas Armadas. El gobierno ya trabaja para este cometido en coordinación con el Comando General de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
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