Prensa Latina
Octubre 14, 2007
La Paz, 14 oct (PL) La extradición del ex mandatario boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, entró en una fase decisiva, aseveró hoy el abogado que representa a las víctimas de la represión de octubre de 2003.
Rogelio Mayta, a cargo de las investigaciones del caso, explicó a Prensa Latina que ya terminó la presentación de pruebas del llamado "octubre negro", y solo se espera la acusación formal del Fiscal General por cargos de genocidio.
Esa autoridad -dijo- deberá determinar además si alguno de los imputados queda fuera de la causa o todos enfrentan el juicio oral, en alusión a Carlos Sánchez, y Jorge Berindoague, ex ministros de Defensa e Hidrocarburos, respectivamente, considerados complice de Sánchez de Lozada.
De acuerdo con el informe de Mayta, hay suficientes indicios para acusar a otros 17 funcionarios de esa gestión por la represión militar que, hace cuatro años, dejó un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos
Desde el 17 de octubre de 2003, cuando una rebelión popular lo obligó a dimir y huir del país, Sánchez de Lozada encontró refugio en Washington junto a sus más cercanos colaboradores.
El proceso de extradición de esas autoridades en Bolivia ha sufrido numerosos inconvenientes.
El Ministerio Público también presentó pruebas contra Yerko Kukoc (ex ministro de Gobierno), Javier Torres Goitia (de Salud), Hugo Carvajal (de Educación) y Guido Anez (de Asuntos Campesinos), entre otros.
Luego se amplió dicha imputación a cinco miembros del alto mando militar por delitos que van desde homicidio y masacre sangrienta hasta violación de la libertad de prensa.
En el mejor de los casos se calcula que en diciembre de este año podría iniciarse el juicio oral y las sentencias se conocerían en junio de 2008.
Las familiares de las víctimas de la masacre de octubre 2003 han promovido por su parte acciones de protesta como movilizaciones frente a la embajada de Estados Unidos en La Paz, para demandar la extradición de Sánchez de Lozada.
El gobierno boliviano ha reiterado en varias oportunidades que la administración de George W. Bush obstaculiza el proceso judicial y de extradición que se sigue contra el ex gobernante.
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