Apuntalar una economía mixta, el primer gran acuerdo político en la suprapartidaria

Los partidos acuerdan respetar la propiedad privada, la inversión extranjera, la seguridad jurídica y el derecho a la herencia
Redacción Bolpress
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Once fuerzas políticas (UN, MNR, MAS, MOP, ASP, MBL, CN, AS, MCS, FA, AIRA) más dos constituyentes de Podemos, Ramiro Ucharico y Linder Fernández, suscribieron hoy el primer acuerdo político en la comisión suprapartidaria encargada de destrabar la Asamblea Constituyente. Representantes políticos de izquierda y de centroderecha acordaron apuntalar un sistema económico que reconozca una “economía plural” compuesta por tres formas de propiedad: la estatal, la comunitaria y la privada.

El Comité Especial de Diálogo y Consenso liderado por el Vicepresidente Alvaro García Linera se propone allanar los debates en la Asamblea Constituyente delineando las bases de la discusión en cinco temas neurálgicos: Caracterización del Estado, Estructura y Organización del Estado, Estructura Territorial del Estado, Modelo Económico y Modelo Social, Tierra y Territorio y Recursos Naturales. Este jueves el Comité llegó al primer acuerdo específico sobre el modelo económico, el cual define los pilares de cómo los constituyentes entenderán la economía para las siguientes décadas.


En líneas generales, los partidos que integran la comisión coinciden en la necesidad de buscar una “economía plural” que combine lo estatal, lo privado y lo comunitario, y que mejore la calidad de vida y el “vivir bien” de todos los bolivianos y las bolivianas. Esta economía debe ser conducida por el Estado planificador que ejerce la dirección integral del desarrollo económico.
El documento de seis párrafos suscrito por los partidos menciona que el “Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y de sus procesos de planificación”, y que el Estado “puede intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos”. Se reconoce que “los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano”, pero son administrados por el Estado.

Los miembros de la comisión suprapartidaria consideran que la industrialización permitirá superar la dependencia de la exportación de materias primas “y lograr una economía de base productiva en el marco del desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza”.


Destaca en el acuerdo un reconocimiento explícito de la propiedad privada: Se garantiza la propiedad privada “en el marco conceptual y filosófico de la actual Constitución Política del Estado, se respeta el derecho a la sucesión hereditaria (…) Se respeta y garantiza la propiedad individual y colectiva sobre la tierra (…) y el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica”.

A la vez, la Comisión resalta que el Estado “fomenta y promociona el área comunitaria de la economía como alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad”.


Los líderes políticos más conservadores de la suprapartidaria están conformes por las garantías que se da a la economía privada en el acuerdo. Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, cree que el acuerdo de consenso reconoce que en el país hay una pluralidad de sistemas económicos, diversas formas de propiedad y de producción. “Es una señal clara de que no se va a tratar de imponer a nadie una forma de producción”.

Para el constituyente Guillermo Richter (MNR), el documento establece la más pura garantía para los inversionistas y la propiedad privada: “lo más importante es que se está elevando a la categoría de norma constitucional el derecho a la herencia”, declaró a la agencia ABI.

De vuelta al capitalismo de Estado

Desde un principio, la mayoría de las propuestas de partidos políticos y asociaciones ciudadanas con representación en la Constituyente coincidieron en que es necesario devolver al Estado su rol central en la administración de la economía para que dirija el rumbo estratégico del desarrollo, lo que implica asegurarle también el dominio pleno sobre los recursos naturales no renovables y renovables.

Aparecieron los disensos al momento de definir las posibilidades de propiedad y de dominio de los recursos naturales. Algunos planteaban que debe ser sólo el Estado el que monopolice los recursos; otros propusieron delegar esa responsabilidad a los pueblos indígenas o al pueblo boliviano en general, y un tercer grupo de asambleístas sugirió la administración estatal a través de empresas públicas y de concesiones a privados.

En casi todas las propuestas se hacía referencia directa o indirectamente a una “economía mixta”, empujada por el Estado y la empresa privada, una especie de capitalismo de Estado con matices, cuya economía esté basada en la industrialización de los hidrocarburos, en la inversión extranjera, en la inversión privada local, en la economía familiar artesanal y microempresarial y en la economía comunitaria. Incluso los partidos y organizaciones de derecha aceptaron no sólo tomar en cuenta al sector moderno de la economía sino también a la pequeña empresa y a la economía comunitaria al momento de diseñar la política económica del Estado.

Se coincidió también en la necesidad de articular un nuevo modelo de desarrollo que incorpore la variable de “sostenibilidad”, es decir que se aproveche los recursos naturales sin dañar el medioambiente y sin arriesgar las fuentes de recursos para las nuevas generaciones.

El nuevo consenso alcanzado hoy tiende a determinar reglas claras a la propiedad privada y a reconocer constitucionalmente la propiedad pública y comunitaria.
En general, los partidos acuerdan defender una visión integral de la economía y no sólo tomar en cuenta al sector moderno sino también a la pequeña empresa, microempresa y a la economía comunitaria. Coinciden en que el Estado debe tener un rol más importante en la economía, y dirigir el rumbo estratégico del desarrollo; en que la economía boliviana debe ser mixta y contar con la participación activa del Estado y de la empresa privada; y en que la economía debe ser impulsada por varias locomotoras y no sólo por una, como sucedió hasta ahora con la exportación de materias primas. Se trata de una primera parte del trabajo, a la comisión le quedan otros temas candentes como visión de país y autonomías. El Vicepresidente García Linera está contento por el avance en la negociación y porque cada vez son más las fuerzas políticas que integran la comisión suprapartidaria bajo su liderazgo. Los constituyente de UN Samuel Doria Medina y Ángel Villacorta aseguran que existe una división en las filas de Podemos: un ala radical a la cabeza de Rubén Darío Cuellar y otra corriente que apoya el trabajo que se realiza en la Vicepresidencia.