Justicia anula la resolución que archiva juicio a magistrados y obliga al Senado a ser tribunal

ABI
Octubre 3, 2007

Los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña cesarán de sus funciones tras la sentencia de la Corte Superior de Distrito de La Paz.

La Paz, 03 oct (ABI).- El pleno de la Cámara de Senadores está obligado a constituirse en Tribunal de Sentencia para juzgar o declarar inocentes a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional acusados por el delito de prevaricato, luego que la Corte Superior de Distrito de La Paz anulara la resolución que archivó el caso en el Senado.

Después de escuchar los alegatos de los abogados de las cámaras de Diputados y de Senadores, la presidenta de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, Aida Luz Maldonado, constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales, y el vocal Hugo Jáuregui, aceptaron el amparo constitucional interpuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.

Ese recurso legal fue presentado en contra del presidente de la Cámara de Senadores, José Villavicencio (UN), del primer secretario Fernando Rodríguez (Podemos) y del tercer secretario Paulo Bravo (Podemos) en el marco de la Ley del Tribunal Constitucional.

"En consecuencia se anula la Resolución No. 059/2007 de fecha 4 de septiembre de 2007 dictada por José Villavicencio, Fernando Rodríguez, Paulo Bravo quienes deberán actuar conforme a derecho de acuerdo a las leyes que rigen en la materia", sentenció la jueza Maldonado.

La presidenta de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito dijo que la decisión fue asumida porque el procedimiento ejecutado para la aprobación de la Resolución Camaral, que archivó obrados, ignoró la seguridad jurídica que debería reflejarse a través de la seguridad procesal.

Por lo que la aprobación de la mencionada resolución del Senado, lejos de considerar lo determinado por las leyes vigentes, procedió a archivar obrados sin considerar que ninguna norma les facultaba para realizar dicho acto.

Cuando, de acuerdo a procedimiento, su obligación era instruir se subsane todo lo que viere conveniente dentro del proceso después de haber actuado conforme a procedimiento.

El fallo también señala que se vulneró el principio de legalidad, al ser esa una garantía que consiste independientemente de la seguridad jurídica que entraña en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere.

La garantía de la legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley en sus procedimientos y en sus decisiones de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes en el país.

De su parte, el viceministro de Justicia, Renato Pardo, expresó su complacencia por el fallo de la justicia porque le obliga a la Cámara de Senadores a continuar el juicio de responsabilidades contra los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña por el delito de prevaricato.

"La sentencia allana el camino para que la justicie se active contra personas que se han creído hasta el momento invulnerables ante la ley, y otro efecto es que se suspenden nuevamente en sus funciones a los magistrados del Tribunal Constitucional acusados por prevaricato", manifestó.

SENADO
A su vez, el abogado de la Cámara de Senadores, Rodolfo Téllez, señaló que la sentencia de la Corte Superior de Distrito de de La Paz, de oficio, en un plazo de 24 horas será remitido ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su legalidad, porque, según su criterio, se violó la Constitución Política del Estado.

"No corresponde plantear un amparo constitucional a un órgano de poder público como es el Poder Legislativo, cuando sus resoluciones no son emitidas como personas naturales", dijo.

"Todo amparo constitucional se plantea en relación a una persona que haya sentido vulnerado sus derechos fundamentales y no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del Presidente de la Cámara de Diputados", señaló.

"Como abogados vamos a actuar en función de los espacios que nos corresponde en materia de derecho procesal para ver si tomamos la acción por la vía administrativa o judicial", finalizó Téllez.