Fiscal acusa a Reyes Villa, Torrico y Muñoz por violencia desatada en enero que dejó 2 muertos

ABI
Octubre 5, 2007

Sucre, 05 oct (ABI).- El Fiscal General de la República, Mario Uribe, presentó ante la Corte Suprema de Justicia la proposición acusatoria contra el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la actual ministra de Justicia, Celima Torrico, y la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, entre otras siete personas, por la comisión de presuntos delitos dentro las investigaciones por el caso “enero negro” que cobró la vida de dos personas.

La máxima autoridad del Ministerio Público de la Nación, informó que presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema, el requerimiento acusatorio contra diez personas.

Sobre el particular, el fiscal de recursos asignado al caso, Orlando Riveros, complementó que Muñoz fue incluida en el requerimiento acusatorio por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes, y el Prefecto de Cochabamba por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Junto a ellos también fueron acusados la actual ministra de Justicia, Celima Torrico; el senador titular por el departamento de Cochabamba, Omar Fernández; el diputado por la misma región, Arturo Murillo y la senadora suplente del Movimiento al Socialismo (MAS), Leónida Zurita, y otras cuatro personas.

Riveros detalló que todos los mencionados están incluidos en el requerimiento acusatorio por la supuesta comisión de los delitos de sedición, incendio y destrucción o deterioro de los bienes del Estado.

Entre otros delitos tipificados en el requerimiento, figuran los delitos de malversación de fondos, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y atribución de los derechos del pueblo.

“En total son diez personas que están en el requerimiento acusatorio que ya fue presentado a la justicia. También solicitamos la autorización de la Corte Suprema para que los dignatarios de Estado, senadores y diputados incluidos en el documento puedan ser procesados”, indicó.

Por su parte, Uribe explicó que la determinación de presentar el requerimiento se hizo en el marco de lo que establecen los principios de obligatoriedad, probidad, objetividad y legalidad que rigen el funcionamiento del Ministerio Público.

“De tal manera que se ha hecho un análisis exhaustivo de todos los elementos que se han recogido y, obviamente, el tiempo ha sido muy breve como establece la Ley 2445; entonces se ha tomado la determinación objetiva de presentar la proposición acusatoria en la que están involucradas diez personas que presuntamente tienen diferentes grados de responsabilidad”, expresó.

El requerimiento conclusivo, tal como explicó el Fiscal General, es el inicio del Juicio de Responsabilidades dentro lo que pueda suceder más adelante en el proceso que, según sus propias palabras, “la calificación legal puede variar en el futuro” por ser enteramente provisional.

“Nosotros llegamos a esta conclusión sobre la base de toda la prueba a la que accedimos; de tal manera que esto no es todavía una imputación sino simplemente es una proposición acusatoria, la misma que posteriormente será sometida a investigación”, aclaró.

De igual manera, mencionó que los involucrados en el requerimiento, una vez se reinicie la investigación, podrán presentar los descargos correspondientes para su defensa, los mismos que serán evaluados con la posibilidad de posteriormente procederse al rechazo, antes que a la imputación.

En caso de la segunda alternativa, el caso ingresará dentro del procedimiento que establece el Código de Procedimiento Penal.

“Ahora nos resta esperar la autorización Congresal, para lo cuál la Sala Plena de la Corte Suprema deberá remitir los antecedentes al Congreso Nacional, para que de manera posterior. Una vez lograda autorización correspondiente, reiniciaremos la investigación. En tanto que no haya la autorización todo queda en “statu quo”, manifestó.