La acusación del Colegio de Abogados contra Bolivia fue rechazada por Corte Interamericana

ABI
Octubre 11, 2007

La Paz, 11 oct (ABI).- La Corte Interamericana de de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) no aceptó la pretensión del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia de iniciar un proceso contra el Estado boliviano, por una supuesta vulneración a la independencia del Poder Judicial.

En rueda de prensa realizada en Palacio Quemado, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, informó que el presidente del Colegio de Abogados, Edwin Rojas Tordoya, en Washington, Estados Unidos, hizo una exposición que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo fue sin sustento, sin fundamento y confusa.

"No se ha solicitado ninguna medida cautelar y ningún seguimiento contra el Gobierno boliviano y la situación ha quedado por demás esclarecida. Las explicaciones del Gobierno han sido muy claras y no existe ningún procedimiento pendiente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos", aseguró Arce.

El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia acusó el miércoles al gobierno del presidente Evo Morales de "atentar contra la independencia del Poder Judicial y los derechos humanos de los jueces del Tribunal Constitucional del país".

"El Poder Judicial boliviano se ve afectado por una injerencia política que desde la llegada de Evo Morales al poder se ha visto agravada y que pone en riesgo el sistema democrático", dijo entonces Edwin Rojas Tordoya.

Arce señaló que el Gobierno de Bolivia representado por su persona, el abogado constitucionalista José Luís Gutiérrez Sardán y el diputado René Martínez realizaron una detallada explicación -por más de 40 minutos-- ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA sobre la decisión del presidente Morales de iniciar un juicio por prevaricato a magistrados.

El Viceministro de Coordinación Gubernamental dijo que también se explicó que en Bolivia existe un pleno respeto a la independencia al Poder Judicial y que la decisión de iniciar un juicio de responsabilidades contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricato fue instaurado cumpliendo las leyes y la Constitución.

Los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña habían sido liberados por el Senado, controlado por la oposición, del juicio de responsabilidades que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara en su contra.

No obstante, la Sala Penal Primera de la Corte de Distrito de La Paz, convertida en Tribunal de Garantías Constitucionales, declaró el 3 de septiembre procedente un recurso de amparo constitucional del presidente de la Cámara Baja, Edmundo Novillo, en contra de su colega del Senado, José Villavicencio, y repuso el proceso legal.