Prefecturas, alcaldías y universidades no quieren pagar un bono a medio millón de ancianos pobres

Prefecturas, alcaldías y universidades reciben más dinero, pero no quieren poner cuota para pagar un bono a medio millón de ancianos pobres

Redacción Bolpress

Es paradójico. El gobierno nacionalista de Evo Morales se granjea un conflicto social mayúsculo nada menos que por defender el Bono Solidario (Bonosol), una prebenda creada por el gobierno del MNR, el más neoliberal de las últimas dos décadas. Las autoridades decidieron recortar los ingresos que las regiones reciben por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar el bono anual de 1.800 bolivianos que reciben los bolivianos mayores de 65 años.

Se necesitan 877 millones de bolivianos para financiar el Bonosol en 2008, lo que quiere decir que sólo el 15,6 por ciento del IDH distribuido a nivel nacional se destinará al pago del beneficio. El Tesoro General de la Nación pondrá el 56 por ciento; las prefecturas aportarán con el 25 por ciento; los municipios con el 16 y las universidades con el cuatro por ciento.

Según el Ministerio de Hacienda, las prefecturas, municipios y universidades aportarían mensualmente 30.8 millones de bolivianos para pagar el Bonosol, en tanto que el TGN contribuiría con 41,7 millones de bolivianos.

Varias asociaciones municipales, al menos cinco de las nueve prefecturas del país, las universidades y los políticos de la oposición lanzaron el grito al cielo y rechazaron la decisión del Ejecutivo. En varias regiones se tildado a la medida como una confiscación de los recursos destinados a promover el desarrollo humano.

El Bonosol debe continuar siendo pagado, pero el gobierno debe hacerlo con sus recursos, no se puede pagar las deudas con dinero de “bolsillo ajeno”, más aún cuando se anuncian importantes superávit y reservas. “Si el gobierno tiene superávit, tiene una economía fuerte, reservas importantísimas, si ha aumentado a 1.600 millones de dólares los ingresos por concepto de gas y no tiene 100 millones para pagar el Bonosol, estamos mal”, comentó el senador de la opositora Podemos Walter Guiteras.

El directorio del Comité Cívico pro Santa Cruz, el principal frente opositor del gobierno, convocó a la Asamblea de la Cruceñidad para el jueves, donde se adoptarían medidas como la huelga de hambre “para proteger los recursos de los municipios, las prefecturas y las universidades públicas”, informó el presidente de los cívicos Branko Marinkovic.


Según el documento aprobado este martes por los cívicos cruceños, “quitar los recursos que las prefecturas utilizan para crear mejores empleos, mejor educación, mejor salud y mayor seguridad ciudadana es un grave daño contra las autonomías y el bienestar de todos los bolivianos”.


La gran pregunta es si evidentemente se está quitando a los ciudadanos del país el pan de la boca para pagar un bono a los viejos. El ministro de la Presidencia Juan Ramón asegura que no es cierto que las prefecturas, los municipios y las universidades dispondrán de menos recursos, o que se les despojará o “confiscará” ingresos.

Tienen más plata, pero no quieren aportar

En la gestión 2004, ninguna prefectura, municipio o universidad recibía un centavo por IDH, pero luego de la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, en la gestión 2005 las prefecturas comenzaron a recibir por IDH 894 millones de bolivianos y en 2008 obtendrán 1.546 millones de bolivianos (75 por ciento más).

En 2005 los municipios recibían 267 millones de bolivianos y en 2008 obtendrán 1.238 millones de bolivianos (400 por ciento más). En 2005 las universidades percibían 56 millones y en 2008 recibirán 309 millones de bolivianos (600 por ciento más).


Además, las entidades regionales reciben ingresos adicionales por la coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), regalías e ingresos propios, lo que aumenta notablemente sus ingresos para inversión.

El ministro Quintana lamentó la insolidaridad de prefecturas, alcaldías y universidades para con 488 mil bolivianos mayores de 65 años. “Si el gobierno no hubiera adoptado esta resolución, más de medio millón de bolivianos mayores a 65 años —el 80 % de esas 500 mil personas sin ingreso alguno— sufrirían graves consecuencias económicas y sociales”, explicó.
El gobierno cometió un error

Antes de la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos (3058) se financiaba el Bonosol con las utilidades de las empresas capitalizadas. Aportaban Chaco, Andina, Guaracahi, Entel. La empresa Chaco es la única capitalizada del sector petrolero que aporta dividendos para el pago del Bonosol, informó el presidente de YPFB Guillermo Aruquipa. En siete años, desde 2000, Chaco transfirió 104 millones de dólares. Transredes decidió reinvertir y por eso no genera dividendos. El gobierno se reunirá con Andina para determinar en qué se invertirán sus utilidades.

En el nuevo esquema nacionalista del gobierno de Morales, parte de esas ganancias fue transferida a los recursos del IDH. Por lo tanto, se recortaron los recursos que estaban calculados para sostener el Bonosol.


El gobierno actual cometió el error de distribuir esos recursos a prefecturas, municipios, universidades y al TGN y ahora intenta enmendar la equivocación, recuperar los recursos transferidos a las regiones de manera indebida, y dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 3058, que establece que YPFB garantiza el financiamiento del Bonosol.


Por mandato de la Ley de Hidrocarburos de mayo de 2006, YPFB recuperó acciones de las tres capitalizadas que estaban administradas por las AFPs. Así, la estatal petrolera se convirtió en la propietaria del 48 por ciento de las acciones de Chaco y Andina y del 37 por ciento de Transredes.


El diputado Antonio Franco (Podemos) declaró que al asumir YPFB el control de las acciones de las capitalizadas, el TGN está en la obligación de asumir la responsabilidad de pagar el Bonosol, en tanto que el diputado Gabriel Herbas (MAS) aseguró que el pago del bono no es obligación del TGN porque el artículo sexto de la Ley 3058 y el decreto de nacionalización establecen que se paga el beneficio con recursos provenientes del negocio de los energéticos.


Quintana enfatizó que es una impostura decir que la nacionalización de los hidrocarburos ha fracasado; al contrario: “Hoy día el Estado boliviano está recibiendo 5.500 millones de bolivianos aproximadamente de recursos por el IDH. Sin la nacionalización, estos recursos no existirían, por lo tanto ese argumento del supuesto fracaso es simplemente una postura política, una falacia”.