Bolpress Este miércoles 13 de febrero se cumple el plazo que el Consejo Nacional Democrático (Conalde), una especie de “estado mayor” de los prefectos opositores, dio al Presidente Evo Morales para que atienda un abultado pliego que incluye pedidos de revisión de la nueva Carta Magna y el reconocimiento de estatutos autonómicos redactados al margen de la Ley. El Ejecutivo respondió que no se prestará a “frivolidades y chantajes políticos”, adelantó que no responderá “a ninguna” de las demandas y amenazó con recurrir a la fuerza pública para poner en raya a los “sediciosos”. De no ser escuchados, los gobernadores de la “media luna” amenazaron con iniciar un paro movilizado el jueves 14 de febrero.
Los dirigentes regionales de la “media luna” amenazaron con paralizar actividades y tomar oficinas públicas si hasta el 13 de febrero el gobierno no anula un decreto que redistribuye los ingresos regionales del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), si no corrige las “ilegalidades” de la nueva Constitución Política del Estado, si no reconoce los referéndums regionales para validar estatutos autonómicos y si no convoca a un referéndum nacional para definir cuál será la sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El gobierno no se prestará a frivolidades y chantajes políticos en momentos en los que miles de familias están sufriendo por falta de agua potable, vituallas y alimentos. “Es una frivolidad de muy mal gusto hablar de ultimátum cuando hay familias que tienen el agua hasta la garganta; quién hable de ultimátum simplemente es un despistado y no vive y no entiende a Bolivia, o no es boliviano (…) El gobierno no acepta y no va a caer en ese tipo de debates, la prioridad del Poder Ejecutivo es atender a los afectados por los desastres naturales en vez de hacer política”, declaró el Vicepresidente Alvaro García Linera.
El vocero de la Presidencia Alex Contreras dijo que el gobierno no responderán “a ninguna” de las demandas del Conalde, y pidió a los prefectos y comités cívicos de Beni, Pando Tarija, Cochabamba y Chuquisaca asumir conciencia y ponerse a trabajar por sus regiones en vez de estar chantajeando.
El senador del MAS Antonio Peredo sugirió ayer el empleo de las Fuerzas Armadas y Policía para evitar que los sectores conservadores de Santa Cruz violen la ley y pongan el peligro la unidad nacional con la celebración de un referéndum autonómico
El desacato cruceño
El pasado 1 de febrero, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas, a través de la resolución 010/2008, convocó a un referéndum para validar los estatutos autonómicos del departamento el próximo 4 de mayo.
La alianza política conservadora Poder Democrático Social (Podemos) opinó que la convocatoria es legal. El diputado y presidente de la Junta Autonómica de Santa Cruz Carlos Klinsky aseguró que el proceso autonómico “es legal y constitucional”, por lo que ni las Fuerzas Armadas ni la Policía “van a pararlo”.
El Vicepresidente García Linera advirtió al prefecto Costas que no aceptará la consulta e impugnará la ilegalidad y el procedimiento de la convocatoria cruceña, y no así el referéndum que es un mecanismo de soberanía popular para tomar decisiones.
Todos los departamentos donde ganó el sí a las autonomías tendrán estatutos autonómicos, pero en el marco del artículo 4 de la Constitución Política del Estado y el parágrafo II del artículo 6 de la Ley No. 2769 de Referéndum, que señala que en tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular, el referéndum departamental necesariamente debe ser convocado por el Congreso, precisó el Segundo Mandatario.
Hay que entender que el Gobierno Departamental electo por voto popular y democrático está constituido por el Ejecutivo (Prefecto) y el Legislativo (Consejo o la Asamblea Departamental). Actualmente, ni en Santa Cruz ni en ningún otro departamento del país existe un solo consejo departamental elegido por voto. Por ello, el referéndum convocado por Costas es ilegal
El senador de Podemos Carlos Borth consideró que la decisión de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz de organizar el referéndum autonómico es contraria a la Constitución, al Código Electoral e inclusive a la Ley del Referéndum. Según la Constitución, no existe un régimen autonómico en Bolivia, ni siquiera existen gobiernos departamentales de acuerdo a la Ley del Referéndum. Por ello, quien debe convocar a ese referéndum es el Congreso Nacional y no el prefecto; “si esto es así, la decisión de la Corte Departamental Electoral de organizar el evento plebiscitario es contraria a las leyes”.
La Corte Departamental de Santa Cruz respalda la consulta convocada por Costas, aunque en una reunión realizada el 21 de enero en Santa Cruz, la Corte Nacional Electoral (CNE) y las nueve Cortes Departamentales Electorales acordaron administrar de manera imparcial y transparente cualquier proceso electoral o de consulta vinculante a nivel nacional, departamental y/o municipal, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley No. 2769 del Referéndum del 6 de julio de 2004, y la Ley de Convocatoria a Referéndum de ratificación de estatutos autonómicos sancionado por el Congreso Nacional. Según estas normas, la única entidad facultada para convocar a un referéndum nacional, departamental y municipal es el Congreso Nacional y no así el Consejo de la Prefectura cruceña y menos el Prefecto de Departamento.
“El procedimiento que pretende el Prefecto de Santa Cruz es ilegal, si se hace la consulta, se está procediendo de manera ilegal y si la autonomía ha avanzado hasta ahora enmarcada en la legalidad, no puede entrar por la ventana en su último momento”, comentó García Linera.
El presidente de la CNE José Luis Exeni informó que suman 19 las consultas exigidas por diversos sectores políticos y regionales. Uno de ellos dirimirá el régimen de tierras; otro la nueva Constitución y al menos cuatro referendos departamentales definirán Estatutos Autonómicos. En otra consulta decidirá la revocatoria del mandato del Presidente y de los nueve prefectos. A esto se suma una consulta sobre la autonomía de Chuquisaca y otra sobre el traslado de los Poderes del Estado. Exeni dijo que no todas las consultas se enmarcan en la legalidad.
La convocatoria de Costas “es una acción injustificada, deliberada y está violando abiertamente la normatividad jurídica que hace a la institución del referéndum que fue incorporado en la Constitución el 2004, tras la revuelta de octubre de 2003, y está poniendo en riesgo la integridad del país”, comentó el viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce.
“Consideramos que es un acto sedicioso y desesperado la convocatoria a un referéndum al no poder frenar la nueva Constitución Política del Estado con argumentos. Yo creo que Santa Cruz no va entrar a la autonomía por la puerta grande”, señaló el diputado del MAS Gustavo Torrico.
El senador del MAS Antonio Peredo dijo que la actitud de las autoridades prefecturales y cívicas de Santa Cruz es un atropello a la legalidad. “Estamos en un lógica que ni tiene sentido, acá la minoría quiere tener la razón, es inaudito”.
La decisión de Costas de otorgar 10 millones de bolivianos a la Corte Departamental para organizar el referéndum tiene que ser analizada y sancionado por la Contraloría General de la República, indicó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados César Navarro. Según el parlamentario, todos los recursos públicos que son utilizados tienen que estar respaldados legalmente. En la actual Constitución Política del Estado (CPE) no existe ningún artículo que respalde las autonomías departamentales.
Por otro lado, algunos comentaristas se preguntan: ¿Puede ser legal un texto autonómico que presume ser la expresión de un pueblo cuando su prólogo es un plagio del prólogo del Estatuto de Cataluña?
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