Bolivia rechaza arbitraje del Ciadi, pero admite que otro organismo pueda cumplir esa tarea

ABI
Octubre 24, 2007

La Paz, 24 oct (ABI).- El Gobierno boliviano negó hoy competencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para que arbitre el conflicto con Euro Telecom, pero admitió que otro foro internacional podría resolver el conflicto que denunció la transnacional.

El vicecanciller Hugo Fernández explicó que Bolivia ha rechazado en el mes de mayo pasado su permanencia ante el Ciadi y por tanto ésta dejó de tener competencia para "tocar temas del país".

Sin embargo, señaló que "eso no quiere decir que las diferencias que se tengan con alguna empresa no se deban debatir ante otro foro, pero eso estamos viendo en qué foro se puede debatir las diferencias que manifiesta Entel con el Estado".

Al ser consultado sobre qué organismo debería arbitrar este proceso de la Euro Telecom con el Estado, Fernández manifestó que el tema es complejo y una vez que el equipo jurídico estudie el caso los mismos deberán informar que procedimiento seguir.

La multinacional Euro Telecom International (ETI), accionista mayoritaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), presentó el pasado 12 de octubre una demanda contra el Estado boliviano ante el Ciadi.

El Gobierno recibió la demanda de manera sorpresiva y la consideró injustificada y extemporánea porque Bolivia decidió en mayo de este año dejar el Ciadi debido a que éste, como otros organismos similares, "sólo sirve para castigar a los pueblos".

La empresa italiana basaría su demanda en la promulgación de dos normas por parte del Poder Ejecutivo. El primero es el Decreto Supremo No. 29087 que instruye la creación del comité encargado de negociar con Telecom Italia, subsidiaria de ETI, para recuperar la propiedad de Entel.

El segundo es el Decreto Supremo No. 29101 sobre la transferencia al Estado del 47 por ciento de las acciones de Entel que la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión manejaban.

En ese contexto el Gobierno boliviano determinó conformar un equipo jurídico entre los ministerios de Relaciones Exteriores y el de la Presidencia para que se pongan al tanto del proceso iniciado por la compañía Italiana.