Matonaje cívico

Redacción Bolpress
Diciembre 11, 2007

Dice el asambleísta Carlos Romero del MAS que en Santa Cruz pequeños grupos quieren agarrarse un pedazo del país a fuerza de golpe y patadas. Los atentados ya son un hábito en Santa Cruz, observa el concejal masista en el municipio cruceño Osvaldo Peredo, atacado seis veces en los últimos dos años. El domingo a las tres de la mañana lanzaron dos granadas de guerra a su casa, una de ellas al techo del dormitorio de su hija de 11 años.

No hay día en el que no aparezca en titulares una agresión física o verbal a los opositores del civismo empresarial. Apenas llama el Consejo Nacional Democrático a la sedición se producen tomas violentas de instituciones públicas. Los discurseadores de plaza de ese movimiento de inspiración democrática matan civilmente a la gente. “Estos fascistas y racistas no han podido amedrentarme y optan por atacar a mi familia”, reclama Peredo.

¿Será que aumenta la violencia en la medida en que los cívicos pierden capacidad de movilización? En el último cabildo convocado en la plaza central de Santa Cruz no había ni 10 mil personas. El sábado Branco Marinkovic anunció que no se llamaría a otro cabildo para entregar el estatuto autonómico. Los cívicos fueron los únicos que rechazaron el referéndum revocatorio. Los cívicos fueron desconocidos por los indígenas, mayoría en población.

Los cívicos-empresarios están aterrorizando con amenazas vedadas y francas a la clase media de Santa Cruz, especialmente a instituciones y personas defensores y defensoras de los derechos humanos. El Ejecutivo perdió ya varios cuadros cambas que temían por su seguridad o prestigio social. El fin de semana volvieron a circular la lista con los nombres de 52 “traidores”

Una de ellas es Alicia Tejada, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, crítica del modelo productivo cruceño y de las autonomías que proponen los cívicos, a pesar de ser una persona de clase media y de que en su momento ocupó cargos cívicos importantes.

“Nuevamente aparezco en la lista de los traidores sentenciados. Por favor necesito orientación sobre cómo proceder. Ya fui demandada, soy objeto de amenazas públicas permanentemente. Poco a poco van avanzando más. La semana pasada interrumpieron una reunión en mi hotel mintiendo por sus celulares que había conflicto y convocando a su turba...”. Ella reside en Ascensión de Guarayos, epicentro de los conflictos de tierras del departamento de Santa Cruz.

Los grupos de choque lanzan bombas molotov a inmuebles de instituciones públicas, a ONGs defensoras de los derechos humanos, a residencias de cubanos y venezolanos y de personeros de gobierno.

Lo mismo está ocurriendo en la ciudad de Sucre, donde también han circulado panfletos con los nombres de los constituyentes que participaron de las sesiones de la Asamblea Constituyente para aprobar el nuevo texto constitucional y de otras personalidades de clase media, principalmente.

Los permanentes hechos de violencia en los que se ven involucradas turbas organizadas por los comités cívicos, las prefecturas y algunas alcaldías en el país, en el caso de Sucre han derivado en muertes que no se aclaran hasta el día de hoy. El Prefecto del departamento se declaró en la clandestinidad luego de que le quemaran la casa. En Cobija incendiaron la de vivienda de un senador de la República y en Riberalta apedrearon un avión venezolano.

Grupos de jóvenes racistas y xenófobos amedrentan y atacan a quienes tienen un color piel más oscuro. Los insultan, les escupen en la cara. “Arde chola, arde”, decían jovenzuelos en Sucre cuando quemaban una muñeca de trapo que representaba a la presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte.

Algunas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos civiles proponen a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una reunión para advertir el riesgo que corren los militantes de derechos humanos en el país y pedir protección. Las personas que se sientan afectadas deben denunciar acoso, amenaza y peligro de muerte a Amnistía Internacional. Se pueden derivar los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.