abi La Paz, 16 ene (ABI).- El Gobierno planteó este martes la conformación de una comisión técnica que ajuste y compatibilice el estatuto autonómico y la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que permita lograr un gran “acuerdo nacional” y se convocó a otro encuentro para este viernes en Palacio Quemado cuando se conozca un nuevo planteamiento de la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Aunque los prefectos no respondieron a la conformación de la comisión, esperan conocer la nueva propuesta del IDH para encarar el diálogo sobre la base de tres temas, referidos a dicho impuesto hidrocarburífero, nueva Constitución y los estatutos autonómicos.
“Algunos prefectos han demostrado algunas contradicciones y los constituyentes siento que tienen que entender, si hay contradicciones no puede haber una Constitución con contradicciones, ese es el trabajo que hay que hacer”, afirmó el presidente Morales en la mesa de diálogo que se extendió por más de ocho horas con los prefectos para considerar el tema de la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos.
Los prefectos y el Gobierno se reunieron hasta el martes por el lapso de tres largas jornadas en Palacio Quemado y se definió un cuarto encuentro este viernes al mediodía para conocer una nueva propuesta del Ejecutivo sobre el IDH y el pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años.
Morales anunció que el ministro de Hacienda, Luis Arce, planteará el viernes una nueva alternativa de redistribución del IDH y valoró la apertura de las prefecturas para aportar un porcentaje al pago de la renta Dignidad.
COMISIÓN – CONSTITUYENTE
La jornada de más de ocho horas comenzó a las 15.10 y concluyó a las 23.15 con la intervención del Mandatario que propuso la conformación de una comisión compuesta por el Ejecutivo, constitucionalistas y técnicos de las prefecturas que permita analizar las contradicciones en torno a la nueva CPE y los estatutos autonómicos.
El diálogo fue transmitido en toda su extensión por el canal estatal, además de otros canales que mostraron grandes pasajes del debate que se caracterizó por pretender demostrar que cada posición era razonable y legal.
Los prefectos de la denominada “media luna” fueron más agresivos y defendieron la legalidad del estatuto autonómico y aprovecharon para lanzar dardos a las autoridades, el proceso constituyente y la gestión de Gobierno.
Los prefectos oficialistas de Oruro, Luis Aguilar, y de Potosí, Mario Virreyra, y los opositores de Cochabamba Manfred, Reyes Villa, y de La Paz, José Luis Paredes, se mostraron conciliadores y plantearon el trabajo de una comisión para la nueva constitución.
La comisión deberá trabajar en la compatibilización de los estatutos autonómicos y la nueva Constitución Política del Estado, además de fortalecer la agenda planteada por el presidente Evo Morales para consolidar el acuerdo nacional.
“Quisiera pedir al viceministro de Descentralización para que este proyecto se pueda mejorar, se elija a dos constitucionalistas por departamento o uno para que puedan trabajar (…) y se pueda compatibilizar estos dos documentos”, dijo el Primer Mandatario.
El Jefe de Estado delegó al vicepresidente, Álvaro García Linera; al viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik; el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, y el ministro de Defensa, Wálker San Miguel.
Asimismo, solicitó a los prefectos delegar a uno o dos constitucionalistas para que contribuyan al fortalecimiento de la agenda y además se posibilite la compatibilización del texto de la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos presentados por los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.
En respuesta a la propuesta de la comisión, los prefectos decidieron esperar a la próxima reunión a realizarse el viernes para conocer primero el planteamiento gubernamental sobre el IDH y luego trabajar en torno a la CPE y estatutos autonómicos.
ESTATUTOS
El asesor de la Prefectura de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, afirmó que la única forma de encontrar un acuerdo político es que la Asamblea Constituyente incorpore la autonomía departamental plena en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), como lo expresaron cuatro departamentos en el referéndum del 2 de julio de 2006.
“El único camino ha explorar señor Presidente (Evo Morales), es que la Asamblea Constituyente incorpore un régimen autónomo real basto, pleno, franco a efecto de que el referéndum sea cumplido”, dijo Urenda en la mesa de diálogo.
Además, advirtió que la única forma de mantener la unidad del país, "como ha sido la experiencia europea de este siglo y el anterior", es conceder autonomías a aquellas regiones que así lo han solicitan.
Indicó que no se debe seguir “torpedeando a las autonomías” porque de hacerlo se lo va ha complicar todavía más de lo que ya está.
En ese marco, Urenda indicó que la nueva Carta Magna, que en su criterio fue aprobada de forma “ilegal”, crea un nivel de desgobierno al interior de los departamentos.
A su vez el Ejecutivo planteó a los prefectos compatibilizar los estatutos autonómicos en el marco del nuevo texto constitucional, pues hacer lo contrario es alejarse de la legalidad y se expone al país a un peligroso escenario.
“Si nosotros vamos a seguir por el camino o implementar una autonomía propia desvinculada del orden constitucional, desvinculada de la Constitución, con toda seguridad estamos transitando un camino tremendamente peligroso”, afirmó el viceministro Héctor Arce.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que las autonomías no podrán ser vigentes transgrediendo la Ley del Referéndum que pone límites a esa consulta popular y aclaró a los prefectos que esa norma legal es taxativa al respecto.
"Tenemos una ley que yo estoy obligado a respetar, he jurado respetar esta ley, y me coloca límites respecto a la realización de referéndums, por lo que la autonomía no puede ser vigente transgrediendo la Ley del Referéndum que coloca límites para el tema de consultas ciudadanas", aseguró el Vicepresidente de la República.
No obstante, dijo que el artículo cuarto de la actual Constitución Política del Estado señala "que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes, a) mediante la Asamblea Constituyente, b) la iniciativa legislativa y el referéndum establecido por esta Constitución y normado por ley.
Es estricto apego a ese mandato constitucional, la Ley No. 2769, en su artículo cuatro señala que "se excluye del mecanismo del referéndum a los asuntos fiscales, la seguridad interna y la externa, y la división política de la República".
En ese contexto, García Linera sostuvo que algunos estatutos autonómicos trasgreden la Ley del Referéndum, porque modifican sustancialmente los asuntos fiscales y la seguridad interna del país.
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