abi La Paz, 16 ene (ABI).- El Gobierno ratificó este miércoles que la Renta Dignidad se pagará a partir del 1 febrero a todas las personas mayores de 60 años, al margen de los resultados que pueda arrojar el diálogo que sostienen el Ejecutivo y los prefectos de los nueve departamentos, porque se trata de una ley que debe ser cumplida.
El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, indicó que "el pago de la renta Dignidad está garantizado, hay una ley que fue aprobada por el Poder Legislativo, que nosotros vamos hacer cumplir a cabalidad, hay una ley y los prefectos saben que nosotros estamos obligados a hacerla cumplir".
El Ejecutivo y los prefectos de los nueve departamentos iniciaron el lunes 7 de enero un diálogo orientado a encontrar salidas a la crisis política que amenaza al país.
Uno de los temas en la mesa de debate es la fuente de financiamiento de la renta Dignidad, ante la negativa de los gobiernos departamentales de ceder parte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pese a que la ley que legaliza ese recorte ya fue promulgada.
Por ello, las posiciones de ambos actores son bastante diferentes. El Gobierno asegura que sólo el IDH y las regalías son fuentes sostenibles en el tiempo, mientras que los prefectos plantean buscar otras fuentes alternativas de financiamiento para honrar ese beneficio a los adultos mayores.
Según Arce, la propuesta presentada en la última reunión por los prefectos "no es completa".
La misma toma en cuenta 50 millones de dólares que el Estado va recibir de los dividendos de las capitalizadas, 60 millones del Tesoro General de la Nación (TGN), 30 millones de las prefecturas, pero sin tocar los ingresos por IDH y regalías, y resta buscar financiamiento para los restantes 65 millones que sería responsabilidad del Ejecutivo.
Los prefecturas presentaron un listado de fuentes como los recursos del IEHD, Recon, ITF, 1 por ciento del gasto corriente y otros, que de acuerdo con Arce no sustentan el pago de la renta Dignidad, por lo que no son viables, tomando en cuenta que los recursos que se utilicen no deben poner en riesgo el beneficio como ocurrió en el caso del Bono Solidario (Bonosol).
"Esta no es una medida de corte electoral sino de política social, por lo tanto tiene que garantizarse que su pago sea consistente y permanente en el tiempo", indicó el titular de Hacienda.
En ese marco, para el Gobierno las dos únicas fuentes que cumplen con esos requisitos son el IDH y las regalías, justamente recursos que las prefecturas no quieren utilizar.
"Todo lo que tiene que ver con recursos de hidrocarburos tiene un crecimiento exponencial que es conducente muy relacionado con crecimiento de la población mayor de 60 años", dijo.
Arce indicó que en todo caso cualquier acuerdo que se logre con las prefecturas debe garantizar el pago de la renta Dignidad.
Este beneficio establece el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años de edad que no tengan una renta mensual, y 1.800 bolivianos a todos aquellos que sí perciban un ingreso.
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