Prensa Latina
La Paz, 1 dic (PL) La incertidumbre sobre el destino de la Asamblea Constituyente, cuya directiva sigue sin ponerse de acuerdo, cierra hoy una semana marcada por la convocatoria gubernamental al diálogo y la intransigencia de la oposición.
El pueblo esperaba ayer una decisión definitiva sobre la sede del magno foto deliberativo, pero la cúpula pospuso para el venidero lunes tal determinación, aunque entre las opciones sobresalen las ciudades de Oruro, El Alto, Cobija e incluso la región del Chapare.
El Congreso aprobó esta semana una modificación a la Ley Especial de Convocatoria, que autoriza a la directiva asambleísta a cambiar de sede si Sucre no garantiza la seguridad de las sesiones, como evidenciaron los disturbios del pasado fin de semana.
Al respecto, el gobierno exigió la inmediata resolución de los asesinatos perpetrados en la llamada Ciudad Blanca, y aseguró que recurriría a peritos internacionales si demoraban más los análisis balísticos.
Por su parte, las fuerzas policiales replegadas a Potosí debido a las agresiones regresaron esta semana a Sucre, pese a la ausencia de una infraestructura adecuada y a las trabas de autoridades locales interesadas en mantener el clima de desestabilización.
Tales incidentes tuvieron su réplica este viernes en la ciudad de Cobija, tras varios días de vandalismo e incitación a la violencia, con el prefecto Leopoldo Fernández a la cabeza.
El gobierno y otras autoridades ciudadanas, como el Defensor del Pueblo, llaman al diálogo para detener la espiral de violencia que pretenden instaurar los enemigos del proyecto refundador del presidente Evo Morales.
De hecho, solo mediante la violencia la oposición logró imponer parcialmente el pasado miércoles un paro nacional, cuyo supuesto carácter de conciencia quedó desmentido por las amenazas de grupos de choque, como la Unión Juvenil Cruceñistas.
Este complot desestabilizador es comandado por la oligarquía de la llamada "Media Luna" departamental (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), más Cochabamba y Chuquisaca, cuyos prefectos realizaron nuevos llamados a la desobediencia civil.
Los movimientos sociales y el gobierno cuestionaron la supuesta democracia de dichos sectores, que insisten en provocar el caos y rechazan las continuas invitaciones al diálogo.
El presidente Morales convocó públicamente el pasado jueves a prefectos y empresarios a concertar estrategias conjuntas para el avance del país, citación ratificada la víspera mediante comunicación oficial.
A su vez, la semana estuvo marcada por la promulgación de dos importantes leyes de beneficio social: una que autoriza el pago de la pensión vitalicia Dignidad a los mayores de 60 años, y otra para iniciar la explotación del yacimiento de hierro del Mutún.
Tanto la Renta Dignidad como el megaproyecto siderúrgico del Mutún se lograron gracias a las marchas y vigilias realizadas por los sectores populares, que reclaman la aprobación de unos 90 proyectos de ley estancados en el Congreso.
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