Gobierno acusa a ONG estadounidense de manejar mala información de nueva CPE

La Paz, 29 ene (ABI).- El Gobierno de Bolivia acusó este martes a la ONG estadounidense, Human Rights Foundation (HRF), de manejar mala información sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE) al asegurar que los cambios constitucionales que se impulsa en el país contrarian abiertamente las obligaciones legales de proteger los derechos fundamentales de su pueblo.

"Creemos que existe una mala información, no deben tener el texto oficial de la nueva Constitución", indicó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, en conferencia de prensa.

El viceministro anunció que se está enviando una carta de respuesta a la organización además de un texto de la nueva constitución, puesto que según el funcionario, la ONG estaría manejando una versión errada en la que estaría basando sus observaciones.

En su escrito, fechado el 24 de enero, la organización no gubernamental con sede en Nueva York transmite al Primer Mandatario su profunda preocupación por los cambios constitucionales que han sido propuestos, ya que "pondrán en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos".

La nota señala que hay aspectos de la reforma que entran en conflicto con las obligaciones internacionales contenidas, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto, Llorenti señaló que la ONG mal interpreta aquello cuando señala que en el artículo primero de este pacto "garantiza a todas las personas que son libres de disponer de sus propias riquezas y recursos".

Sin embargo, de forma textual este pacto señala que "todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, entonces no hay una verificación real de lo que dice las leyes de derecho internacional", argumentó Llorenti, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Asimismo, dijo que la ONG realiza una comparación equívoca de lo que es la justicia comunitaria y lo que es el linchamiento "que no se puede admitir y que no tienen nada que ver".

El viceministro cuestionó que la ONG se pronuncie en contra de tenencia de tierras, que dado el caso boliviano desde la revolución de 1952, se ha enarbolado el principio de que la tierra es de quien la trabaja y que éstas no queden en propiedad de latifundistas y terratenientes.

"En esta nota se hace una defensa clara del latifundio", cuestionó Llorenti a momento de señalar que la extensión de la propiedad de las tierras en Bolivia será definida por el voto del pueblo a través de un referéndum dirimidor.

Por otra parte, el funcionario gubernamental criticó que esta ONG no hubiera reconocido que por primera vez en una Constitución se renuncie a la guerra como forma de disolución de los conflictos entre estados, que prohíbe el asentamiento de bases militares en Bolivia, además de que garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las personas.

Llorenti dejó en claro que la nueva CPE fue aprobada con una gran participación de la población y representatividad a nivel nacional y que, esto, no puede dar lugar a una interpretación errónea.
Jcch/Pta ABI