viernes, 1 de febrero de 2008

Prefecto beniano ahora amenaza a quien denunció chantaje a damnificados



abi

La Paz, 31 ene (ABI).- El prefecto del Beni, Ernesto Suárez (Podemos), amenazó al presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Ernesto Sánchez Meruvia, quien a principios de esta semana denunció el chantaje político de esa autoridad a los damnificados por los desastres que se niegan a apoyar su estatuto autonómico.

Sánchez había asegurado que la Prefectura beniana entrega la ayuda de organismos internacionales a familias afectadas por lluvias e inundaciones a cambio de la firma de un libro para apoyar los estatutos autonómicos.

El dirigente beniano ratificó este jueves que Suárez, a través de sus funcionarios prefecturales, viene amedrentando a quienes denuncian el acto de chantaje, del que además no se excluye la Alcaldía de Trinidad.

"Quiero hacer conocer el amedrentamiento que me hace el Prefecto del Beni, con seguirme un proceso por las denuncias que hago en su contra respecto a los víveres y vituallas que está repartiendo a cambio de la firma de libros de apoyo al estatuto autonómico", dijo Sánchez.

Afirmó que Suárez no entrega la ayuda humanitaria a aquellos que no quieren firmar el libro de apoyo al estatuto autonómico. Esa asistencia en momentos dramáticos que viven muchas familias que incluso perdieron sus viviendas es de capital importancia.

"Llegó mucho alimento del PMA (Programa Mundial de Alimentos), del Banco Mundial y otras instituciones, que en este momento son mal utilizadas para beneficio de las autonomías departamentales", apuntó el dirigente del CPEM-B.

En pasados días similar denuncia surgió en la ciudad de Santa Cruz, en donde se dijo que la entrega de alimentos a los damnificados por los fenómenos naturales en ese departamento y en el Beni se lo realizaba a cambio de la firma de libros de apoyo a sus estatutos autonómicos.

En esa ocasión, la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sonia Brito, manifestó que el chantaje político "es una franca violación a los derechos humanos", porque no se puede condicionar ningún tipo de ayuda.

En ese marco pidió a las autoridades departamentales del Beni y Santa Cruz despojarse de los intereses sectarios y pensar que en un momento de emergencia es cuando se deben aunar esfuerzos para enfrentar los desastres y socorrer a los damnificados.

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