Wilson García Mérida
(Datos & Análisis).- Daniel Humérez Valda es, junto con el cruceño Adolfo Aponte, un operador del separatismo que pretende utilizar a la Prefectura de Cochabamba como “punta de lanza” de las estrategias que impone la Embajada norteamericana. Trabajó para la DEA durante el régimen de Sánchez de Lozada buscando el encarcelamiento de Evo Morales y otros dirigentes cocaleros. Es hoy el “brazo legal” del prefecto Manfred Reyes Villa a la hora de la insubordinación frente al Gobierno Indígena.
El ex fiscal antinarcóticos Daniel Humérez Valda, un abogado de origen aymara pero estrechamente vinculado a los aparatos de Inteligencia de la Embajada norteamericana, fue posesionado el pasado lunes como Director Jurídico de la Prefectura de Cochabamba, por decisión del prefecto Manfred Reyes Villa, quien con esa designación viene reforzando la presencia de personajes de filiación neo-fascista y separatista que vienen pisando fuerte en este Departamento ubicado al centro de Bolivia.
Identificado por habitantes del trópico cochabambino como agente “no encubierto” de la Drug Enforcement Agency (DEA), percibiendo un “plus” salarial de aquella agencia norteamericana en su condición de Fiscal Antinarcóticos en la zona cocalera del Chapare, Humerez Valda fue designado en tal cargo oficial por el gobierno de Tuto Quiroga Ramírez, y durante el régimen de Sánchez de Lozada entre los años 2002 y 2003, hasta poco antes de la caída del gonismo, encabezó un grupo de fiscales y policías que tenían la misión de descabezar al movimiento cocalero a través de procesos judiciales y acusaciones sobre supuestos crímenes cometidos por dirigentes como Evo Morales, Luis Cutipa y Leonilda Zurita, entre otros importantes líderes de aquel sector campesino.
En el año 2002 circuló la versión de que uniformados con antecedentes de corrupción y narcotráfico, a la cabeza de un jefe de Inteligencia en el Chapare apodado “don Canán” (de quien además se sabe estuvo vinculado a la banda del italiano Marco Marino Diodato), tramaban el asesinato de Evo Morales Ayma durante una concentración cocalera en Ivirgarzama, lo cual no se produjo porque la información llegó oportunamente a conocimiento de la Federación del Trópico gracias a una investigación periodística difundida por “Datos & Análisis”. Entonces se había establecido que en aquel grupo dirigido por el policía “Canán”, participaba como asesor e informante el abogado Daniel Humerez Valda, a la sazón representante del Ministerio Público en el Chapare.
Tras la caída de Sánchez de Lozada en octubre del 2003, Humérez se integró a un movimiento político neo-fascista que provocó los sangrientos incidentes del 11 de enero del pasado año 2007, trabajando para grupos familiares de la oligarquía local responsables de la campaña racista que derivó en la muerte de dos inocentes de ambos bandos (Cristian Urresti y Juan Tica Colque). Humérez Valda trabaja actualmente bajo las órdenes de una ex ministra de justicia del régimen de Banzer, quien azuzó desde su correo electrónico a la élite cochabambina para precipitar la tragedia del 11 de enero.
El ex agente de la DEA, recientemente designado como Director Jurídico de la Prefectura de Cochabamba, es una “cuota de poder” de la Embajada norteamericana en los entornos del prefecto Manfred Reyes Villa. Inmediatamente después del 11 de enero, Daniel Humérez fue incorporado a un “staff externo” de asesores legales apadrinados por la CAINCO y por el embajador Phillip Goldberg, junto con el abogado ultraderechista Cayo Salinas, en una estratagema para justificar y defender las acciones separatistas de Reyes Villa.
Con la incorporación formal del agente Humérez en el equipo de directores prefecturales que colaboran a Reyes Villa, el gobierno departamental de Cochabamba queda en manos de los sectores más reaccionarios de la política regional. Además del nuevo Director Jurídico a cargo de Humérez, la Dirección de Hacienda Prefectural, encargada del manejo de los recursos del IDH, está en manos del político cruceño (ex candidato a la Alcaldía de Santa Cruz) Adolfo Aponte Zambrana, operador directo de la “media luna” separatista en Cochabamba, quien es uno de los principales inductores de las acciones de insubordinación y desobediencia en que incurre la Prefectura de Cochabamba desconociendo la autoridad institucional del Presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo en todo el país.
Además de estos personajes de oscuras pretensiones, la Prefectura de Cochabamba está en manos de dirigentes tradicionales del MIR, del MNR, ADN, UCS y NFR, quienes vienen utilizando a Reyes Villa para retornar al pasado oprobioso de la corrupción neoliberal, balcanizando al país.
02 feb, (Bolpress)
sábado, 2 de febrero de 2008
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