Intentan estafar desde EEUU a dos municipios cruceños en emergencia

abi Santa Cruz, 08 feb (ABI).- La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) denunció que al menos dos alcaldes de municipios que están en emergencia por las inundaciones a causa de La Niña recibieron ofertas de ayuda humanitaria, aparentemente desde Estados Unidos, a cambio de depositar en una cuenta bancaria una determinada suma de dinero, situación que despertó la sospecha de que simplemente se trata de una estafa.

A través de una carta, la organización de los gobiernos municipales cruceños alertó del riesgo ante su ente matriz, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), para que la información sea comunicada a su vez a las autoridades de los 327 municipios del país.

Aunque no quiso especificar el nombre de los alcaldes que conocieron del ofrecimiento, la directora ejecutiva de Amdecruz, Norma Durán, dijo a la red Onda Local que los casos tienen mucha coincidencia con el modo de operación de estafas anteriores.

Supimos de ese intento porque "en una anterior oportunidad el alcalde fue víctima de estafa y reconoció el modo de operación y le siguió el juego" para conseguir los datos, relató la funcionaria.

"Hemos tenido en el pasado municipios que depositaron 5.000 ó 6.000 dólares para supuestos vehículos, que resultaron una estafa. Además, nunca se han investigado estos casos debido a que provienen de otros países y es difícil recuperar esos fondos", afirmó Durán, quien pidió a las autoridades tomar recaudos "para verificar la información y de no caer en esto".

Según el procedimiento denunciado, quien llamó desde Estados Unidos es Miguel García, supuesto asistente del Embajador de Bolivia en Naciones Unidas, quien, luego de mencionar el Decreto Supremo 29425 (de declaratoria de emergencia nacional, del 21 de enero de 2007), ofreció contenedores de alimentos para Bolivia. También puso un número de contacto, el del "embajador" Lisandro Makarruya: 1-646-509-4195.

La Amdecruz informó que al marcar el citado número una persona contesta como si fuera funcionario de la "embajada" y dice que esa oficina cuenta con 47 contenedores --dos para cada municipio-- con alimentos, plantas eléctricas, baterías y bombillas. Sin embargo, a cambio del beneficio exige una contraparte municipal de 1.939 dólares por cada contenedor y 3.860 dólares por los dos.

Según la denuncia, esa persona pide el depósito del dinero en un giro a través de Western Unión, a nombre de José Vera, supuesto gerente administrativo, en la dirección 4.000 Central Avenue Union City, New Jersey USA.

La tercera llamada fue recibida en Amdecruz, cuyo interlocutor fue Amable Ariscastro, a nombre de la "Cooperación Internacional de Estados Unidos". El hombre ofrece a la organización de gobiernos locales de Santa Cruz ayuda para la canalización de donaciones a las alcaldías, a través de los teléfonos 0012012842478 y 0012022129944.

Según Durán, las tres llamadas fueron sólo intentos de estafa; ninguno de los alcaldes requeridos hizo el depósito de dinero.

Entretanto, Relaciones Públicas de la Cancillería de Bolivia informó que el embajador de Bolivia en Naciones Unidas es Hugo Siles Alvarado, no Lisandro Makarruya, como describieron en el intento de estafa a dos alcaldes de Santa Cruz.

El 8 de febrero de 2007, una similar llamada, con el mismo nombre Miguel Vargas casi puso en apuros a la alcaldesa de Tupiza, Lorena Benal. Esa vez, el hombre se hizo pasar de funcionario del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Fue el mismo procedimiento. Vargas comunicó a la autoridad que su municipio se había beneficiado con la donación de tres lotes de alimentos, y para confirmarlo debía llamar a Canadá, al PMA, al número 0012123003650.

Bernal hizo la llamada y le contestaron en sentido de que era una oficina del PMA en Canadá. A la alcaldesa le instruyeron que pagara el costo del transporte internacional de cuatro contenedores de alimentos, que en total alcanzaba a 1.600 dólares, monto que debía enviarse en un giro a una cuenta bancaria en Union City, New Jersey, en Estados Unidos.

Esa vez, el PMA dijo que la oferta se trataba de una estafa, y conjuntamente con la FAM alertó a los gobiernos municipales sobre ese riesgo.
Rdc/Pta ABI