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La Paz, 11 dic (ABI).- El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, expresó hoy su consternación y condenó que en el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ex minero René Vargas (57) haya sido víctima de una salvaje golpiza por un grupo de "huelguistas de hambre" de la Unión Juvenil Cruceñista.
Fue claro en decir que "la violencia, venga de donde venga, es negativa, es grosera, inhumana y una violación flagrante a los derechos humanos, además, es delictivo".
René Vargas fue brutalmente golpeado este lunes por "huelguistas de hambre" de la denominada Unión Juvenil Cruceñista, que promueve el Comité Cívico pro Santa Cruz y quienes lo acusaron de ser militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esta persona, que se identificó como minero relocalizado, comenzó a ser golpeada en la Plaza 24 de Septiembre y los agresores que integraban uno de los piquetes de huelga de hambre lo acusaron de ser un infiltrado y de tomar imágenes a los huelguitas.
Patadas, puñetes y golpes en todo su cuerpo, incluso en el piso fue expresión captada por las imágenes de de televisión por parte de quienes se autodenominan "defensores de la democracia".
"El país observó con indignación las imágenes de televisión, cuando un grupo de personas, entre cuatro y cinco jóvenes, cobardemente han golpeado a otro compatriota, con similares derechos que ellos, están demostrando una actitud racista por los rasgos de la víctima", enfatizó Albarracín.
Condenó que este grupo de personas hayan hecho gala de un odio irracional, actitud racista contra Vargas, quien fue acusado de haberse infiltrado en la huelga de hambre para sacar fotografías por formar parte del Movimiento Al Socialismo.
La víctima negó todas las acusaciones y aseguró que nunca hallaron la supuesta cámara filmadora o fotográfica.
Para sancionar este tipo de hechos, dijo Albarracín, hay instituciones llamadas por ley como el Ministerio Público para individualizar a los responsables y promover las acciones penales, porque al margen de ser una violación de derechos humanos, es un delito.
En consecuencia, Albarracín aseguró que corresponde identificar a los autores y someterlos a la jurisdicción competente.
"La impunidad de este hecho, es un previo y un incentivo para su repetición", apuntó el Defensor del Pueblo al condenar la violación de los derechos humanos, independientemente de quienes hayan aplicado la golpiza, de dónde sean y quién sea la persona afectada.
Para Albarracín, lo importante hubiera sido que las cámaras de televisión que enfocaron cómo era golpeado la víctima, también identifiquen a los agresores, que deben ser individualizados a la jurisdiccional penal correspondiente.
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