La derecha autonomista impugna la Constitución que formaliza las autonomías departamentales

Redacción Bolpress
Diciembre 11, 2007

La autonomía esta amarrada a la Constituyente: "O se serenan y reconducen sus posiciones o pueden salir perdiendo". advierte el senador de Podemos Carlos Bohrt

Los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman el más influyente bloque político opositor al gobierno de Evo Morales, crecieron y afianzaron su poder alrededor de un objetivo central: consolidar las autonomías departamentales en sus regiones. Paradójicamente, ahora estos cuatro líderes regionales impugnan la nueva Constitución Política del Estado que constitucionaliza las autonomías añoradas y anuncian la declaración de gobiernos autonómicos de hecho, empujando al antiguo y legítimo movimiento popular autonómico a incurrir en la ilegalidad.

El movimiento cívico empresarial de la denominada “media luna”, al que se sumaron tardíamente los sectores políticos conservadores de Cochabamba y Chuquisaca, ha seguido un errático itinerario político y hasta hoy no se conoce con claridad cuáles son los objetivos que persigue. La izquierda y hasta la centro derecha nacional coinciden en que la rancia burguesía agroindustrial y latifundista del oriente intenta recuperar al menos un pedazo del poder político perdido y asegurar el control de los recursos en sus regiones de influencia.
La derecha de la media luna propone al país un régimen democrático muy poco definido y explicado. No tiene programa ni estatutos; no ha hecho un balance de modelo democrático liberal vigente en los últimos 20 años.

Para muchos observadores, la propuesta de los cívicos es poco seria. En realidad, su discurso se difumina en una generalista lucha por la “democracia y la libertad” y nunca se conoció oficialmente cuál es su suposición unitaria respecto a los distintos temas debatidos en la Constitución. Esto es así porque probablemente la ultra jamás quiso defender de cara al público un modelo de desarrollo derrotado en las urnas, en las calles y en la propia realidad.

Desde que Evo Morales asumió la Presidencia, los cívicos-empresarios acomodaron su discurso a la coyuntura. Comenzaron con la reivindicación autonómica departamental, después bregaron por los dos tercios; luego se opusieron al Estado Plurinacional y después patearon el tablero apoyando el traslado de la sede del Ejecutivo y del Legislativo de La Paz a Sucre. Desde entonces, la derecha agroindustrial y latifundista recurre a la provocación, organiza y moviliza grupos de choque, provoca conflictos regionales y fomenta la división territorial del país, incitando a la violencia con tintes racistas.

La última parada de gallo del movimiento cívico autonomista fue el rechazo frontal a un nuevo texto constitucional que les reconoce formalmente nada menos que el derecho a la autonomía. Si Morales es el padre de la familia boliviana, los cívicos son los hijos adolescentes caprichosos, volubles y egoístas que no saben lo que quieren.
Las autonomías departamentales en la Constitución

El artículo 270 de la nueva Constitución aprobada el fin de semana establece que Bolivia es un Estado autónomo regional, departamental, municipal e indígena originario campesino, cumpliendo el mandato del referéndum autonómico de 2006.

El Artículo 287 reconoce que el gobierno de cada departamento autónomo está constituido por un órgano ejecutivo y por un consejo departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa exclusiva para emitir normas departamentales en el ámbito de las competencias exclusivas asignadas por la Constitución y por la Ley Marco de Autonomías y descentralización. [1]

Si esto es así, ¿por qué los principales impulsores de las autonomías departamentales, el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas (que ahora se hace llamar “comandante” de Santa Cruz) y el presidente del Comité Cívico Branko Marinkovic piden a la gente “no obedecer la nueva Constitución” y convocan a organizar la resistencia civil y la “lucha por la autonomía de forma militante en cada rincón, en cada barrio, en cada pueblo”?

El jefe nacional de Poder Democrático y Social (Podemos) Jorge Tuto Quiroga, otro abanderado de la autonomía, adelantó que la agrupación ciudadana que dirige no avalará ni viabilizará la Constitución “ilegal e irregular” del MAS. “No existe nueva Constitución, está nula, está viciada y ningún boliviano que cree en la democracia y la libertad la puede aprobar”.

Los prefectos de la denominada “media luna ampliada” (Ernesto Suárez de Beni, Leopoldo Fernández de Pando, Mario Cossío de Tarija, Costas de Santa Cruz y Manfred Reyes Villa Cochabamba) anunciaron que a partir del 15 de diciembre de 2007 aplicarán autonomías departamentales de facto, desconociendo la Carta Magna que vulnera la democracia y la Constitución.

Cossío, que fue ex presidente de la Cámara de Diputados en el régimen del derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada, y Fernández, viejo político del extinguido partido conservador ADN, advierten que las regiones donde ganó el Sí en el referéndum del 2 de julio de 2006 aplicarán las autonomías “por mandato constitucional”. “Si la Asamblea no reconoce la autonomía departamental, los departamentos del sí a la autonomía vamos a ejercer de derecho esta autonomía; derecho que surge de las urnas”, afirma el tarijeño.

Marinkovic es más radical. Rechaza de plano la Constitución masista “del racismo, del odio, de la revancha, que no quiere el progreso de Bolivia”. La Constitución “nos tiene sin cuidado (…) Creo que nosotros tenemos que dedicarnos al estatuto autonómico, creo que va a ser un estatuto que de verdad busque la integración, el progreso, el bienestar de las personas (…) Tenemos una ruta trazada de la que no nos vamos a salir y Santa Cruz va a ser autónoma”.
Costas informó que Santa Cruz se encuentra en plena etapa de socialización de sus estatutos autonómicos, trabajo que se extenderá hasta el 14 de diciembre. El 15 de diciembre presentarían dicho documento al pueblo. Según Cossío, “si la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007 no le entrega a nuestros departamentos esta autonomía departamental nosotros la ejerceremos de pleno derecho”.

Autonomía ilegal
Los líderes del movimiento cívico empresarial autonombrados defensores de la democracia y la legalidad quieren ejercer la autonomía de hecho saltándose pasos legales previamente pactados. Algunos legisladores conservadores de Podemos advierten que los cívicos cometen un error que podría costarles muy caro.

La aprobación del estatuto autonómico “no me parece legal, pero si encuentro que frente a las acciones ilegales, irregulares y abusivas (del gobierno), siempre por ley de la naturaleza suceden reacciones también desmedidas, ilegales e irregulares. Pero, por supuesto no puedo estar de acuerdo con nada que esté al margen de la ley y la normativa”, comenta el diputado de Podemos Fernando Messmer.
El senador de Podemos Carlos Bohrt es más explícito. Es innegable que en la última sesión en la que se aprobó el nuevo texto constitucional se cometieron irregularidades e ilegalidades, pero ese es el texto que salió de la Asamblea Constituyente y sobre él tenemos que trabajar. Tenemos la opción de votar por el NO en los referéndums dirimitorio y constitucional, ese es el camino de la democracia; por donde se lo mire, no existe otra vía posible. “Así como debemos ser demócratas en un escenario, debemos serlo en el otro. No puede existir autonomía sin que se reforme previamente la Constitución y sin que el estatuto autonómico de cualquier departamento sea aprobado en referendo departamental”, enfatiza Bohrt.

Sería paradójico que los grupos de dirigentes de los departamentos que rechazan la CPE que salió de Oruro, en cuyo texto aparece la autonomía departamental, pretendan al mismo tiempo buscar autonomía la margen de la única Constitución que les permite aplicarlas. “Eso no tiene sentido, es una paradoja que terminará desvalorizando e inutilizando las acciones y discursos de quienes hoy pretenden empujar el carro de la autonomía sin reforma constitucional”.
El único respaldo que tiene los cruceños para aplicar las autonomías ya nomás es el referéndum autonómico de 2006. Pero “esa autonomía está amarrada a la Asamblea Constituyente; no se puede hacer autonomía impugnando la nueva Constitución. Esa es una contradicción que los liquidará. O se serenan, se sientan, piensan con calma y reconducen sus posiciones o pueden salir perdiendo”, advierte Bohrt.

El senador Luis Vásquez, también de Podemos, anunció que se presentará un recurso ante organismos institucionales denunciando la forma en la que se aprobó la nueva CPE. Es posible, es una vía paralela a la democrática, pero seguramente nadie espera anular el texto constitucional que salió de Oruro con un fallo, por decir algo, del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, eso no se dará, previene el senador Bohrt.

El estatuto autonómico debe seguir aún otros pasos hasta llegar al Congreso Nacional para que sea aprobado como una ley de la República. El diputado y jefe de Bancada en Diputados de este partido Gustavo Torrico le recordó a los prefectos opositores que para aprobar el estatuto autonómico debe esperarse a la aprobación de la nueva Carta Magna. Luego se diseñará el estatuto y se definirán competencias autonómicas para que sean avaladas con una ley. “Basta ya de bravuconadas y de intimidar a la población, empezar a amenazar a estas alturas y decir que lo que hizo la Asamblea es ilegal sólo es un justificativo para crear conflicto”, critica Torrico.

[1] Además, la nueva Carta Magna reconoce la autonomía regional (unión de municipios, de provincias o de territorios indígenas originario campesinos con continuidad geográfica sobre la base de regiones con identidad históricas en el ámbito departamental, con gobierno autónomo); la autonomía municipal (constituida por un Concejo Municipal deliberativo, legislativo, normativo-administrativo y fiscalizador en el ámbito de sus competencias exclusivas, y un órgano ejecutivo presidido por el Alcalde), y la autonomía indígena originaria campesina (expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y de los pueblos indígenas originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguaje, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias).