ABI
Noviembre 23, 2007
La Paz, 23 nov (ABI).- Al modificar la fuente de financiamiento de la renta Dignidad, los senadores de la oposición decidieron que sea la población la que sustente el beneficio, además del Tesoro General de la Nación (TGN), poniendo con esto en riesgo su sostenibilidad en el tiempo, con el único fin de proteger los recursos de las prefecturas.
"Han cambiado la fuente de financiamiento y dicen (el Senado) que sea el propio pueblo boliviano que pague la renta a través de un incremento del ITF, eso qué quiere decir, que ustedes (pueblo) van a financiar su propia renta Dignidad más adelante", dijo el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce.
En la madrugada de este viernes la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley de la renta Dignidad, pero realizó cambios a la fuente de financiamiento, que en el proyecto inicial era el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
De acuerdo con el documento aprobado se señala a las utilidades del Banco Central de Bolivia (BCB), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), los recursos de condonación de la deuda externa, ingresos del TGN y los réditos que se recibirá la estatal petrolera de la venta del crudo reconstituido, como los ingresos que financiarán la renta a partir de 2008.
Arce indicó que con la decisión de cambiar el financiamiento de la renta, aunque no se rechazó el pago del beneficio, de igual manera se opuso resistencia a su vigencia, porque las fuentes que fijó el Senado no son sostenibles en el tiempo.
La autoridad explicó que ampliaron la alícuota del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), duplicando el 02 por ciento que se gravaba a la moneda extranjera y decidieron su aplicación a toda moneda, incluido el boliviano.
Asimismo declararon su permanencia definitiva, cuando se había fijado su final para julio del próximo año y que contemple a todo tipo de transacción.
"De esta manera la renta Dignidad estaría saliendo de los bolsillos de los bolivianos, inclusive de los mismos ancianos mayores de 60 años que van a realizar transacciones y eso va a la renta Dignidad eso nos parece incorrecto", señaló.
Otra fuente que no es correcta, dijo, es el beneficio de la condonación de la deuda externa que plantean utilizar, porque solamente va hasta 2024, lo que implica que más allá no está garantizado el financiamiento, además porque este hecho afecta los ingresos de los municipios que reciben esos recursos.
De acuerdo con Arce aquí surge una contradicción en el accionar de los senadores, quienes por un lado pretenden cuidar los ingresos de las regiones, pero por el otro, les reducen cuando tienen la responsabilidad de aportar al pago de la renta.
En cuanto a las utilidades del BCB, dijo Arce, que es otra fuente de financiamiento del beneficio, le parece peligroso porque el 85 por ciento de los ingresos provienen de las reservas internacionales las que están sujetas a la variación de las tasas de interés internacionales.
Finalmente manifestó que emplear los réditos de la venta del Recon (crudo reconstituido) tiene dos intenciones, además de financiar con ellos el pago de la renta, truncar la industrialización del gas encomendada a YPFB, porque esta entidad no tendrá recursos suficientes para esa tarea.
Además con el pasar del tiempo se producirá otro tipo de combustibles que irán disminuyendo los volúmenes del Recon y entonces nuevamente se pondrá en riesgo la solvencia económica de la renta Dignidad.
"Todas las fuentes de financiamiento tienden a disminuir y son inciertas y por lo tanto incierto también va ser el pago de la renta, por tanto sólo quedará ir a discutir al Congreso Nacional", señaló.
Arce consideró que la propuesta del Senado es un peligro, porque ocurrirá igual que con el pago del Bono Solidario (Bonosol) que no se pudo entregar y se tuvo que recurrir a préstamos y otras medidas.
Sin embargo, pese a los obstáculos puestos por el senado el Gobierno reiteró en varias oportunidades que la renta Dignidad entrará en vigencia a partir de enero de 2008, para lo cual incluso se anunció la aprobación de un decreto.
De igual manera el vicepresidente, Álvaro García Linera, indicó que como la nueva redistribución del IDH y el pago de la renta están contenidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2008, ambas medidas estarán vigentes junto a la Ley Financial.
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